La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que el gobierno limitará el precio del gas natural que pagan las comunidades de vecinos con calderas comunitarias. Según ha explicado, el ejecutivo incluirá en el Plan de Contingencia que está elaborando la contención del precio en las facturas de los consumidores con caldera compartida, de modo que su nivel de protección sea equivalente al de los consumidores domésticos, que se benefician de la tarifa regulada de gas (TUR).
La contención de este precio era una reclamación urgente de las comunidades afectadas; una petición a la que se había sumado la Asociación Española de Gestores Públicos, AVS, que mediante una carta enviada el pasado 27 de septiembre a la vicepresidenta tercera solicitó la adopción de una medida de este tipo, “que afecta a más de medio millón de personas que son inquilinas de nuestro parque público de alquiler, un parque dirigido a proveer de vivienda digna a las personas más vulnerables y con menos recursos”.
En España hay 1,6 millones de calderas comunitarias. El suministro para las comunidades con este tipo de calefacción central se negocia en el mercado libre de grandes consumidores, dado su tamaño y demanda, y no puede beneficiarse de la tarifa regulada de los consumidores domésticos. La crisis energética ha disparado el precio del gas en el mercado internacional y el gobierno decidió en septiembre del año pasado contener el crecimiento de la tarifa regulada. Desde entonces la diferencia entre ambas tarifas se ha multiplicado.
